Las Administraciones públicas, el Estado en todas sus vertientes, público-administrativas, pero también política, aseguran bienes, patrimonio, actividades e indudablemente, sus responsabilidades civiles. El seguro es hoy, inescindible, a la actividad de la Administraciones. Una actividad presente en múltiples ámbitos y actos de la vida de los administrados, pero también en la prestación de servicios, contratos de obra, gestión, suministro, concesión, etc. La Administración, como ente dotado de personificación en cualquiera de sus etiologías estructurales y corporativas, responde ante los daños que pueda ocasionar a terceros como consecuencia de su actuación, de sus prestaciones, de la ejecución de los contratos administrativos. Y lo hace objetivamente. Responde de sus actividades riesgosas, del hacer, del actuar de sus funcionarios, de la normalidad o anormalidad en su funcionamiento. Y tanto el sector privado como el público no son ajenos a un ingente e inconcluso crecimiento y expansión del aseguramiento de la responsabilidad civil, al contrario. Lo que no obsta para ignorar las dificultades que la evaluación de ciertos riesgos, sus frecuencias, intensidades, variabilidades o la ausencia misma de técnicas de gerencia de riesgos en algunos órganos o entes de la Administración hicieran, cuando menos en las primeras pólizas que se suscribieron, que en no pocas ocasiones el seguro se asimilare, en cierto modo, a una suerte de apuesta. Mas la eficacia de la gestión de los riesgos es exigible de igual modo a los entes públicos.