Un jurista francés, Norbert Olszak, ha escrito que las denominaciones de origen ?en las que se vinculan el origen geográfico de los productos y sus características específicas? son una ?cosa extraña?, pues jurídicamente resulta difícil encuadrarlas en nuestras categorías ordinarias. Lo que no está reñido con que el mismo autor afirme que estas peculiares instituciones tutelares constituyen ?un bien sublime?. Sobre ellas gravita una constelación de intereses de variada índole: de los productores y de las economías locales, fundamentalmente rurales, y de los consumidores, que hoy valoran en mayor medida la seguridad y calidad de los productos. Una cosa parece clara: que estos intereses que concitan las denominaciones sobrepasan lo puramente individual, y justifican una poderosa intervención pública sobre ellas. Nadie duda del éxito de las denominaciones de origen después de más de un siglo de historia; pero también es cierto que la lastran notables incertidumbres jurídicas, y que es necesario un esfuerzo argumentativo que justifique cabalmente la drástica consecuencia que comporta el reconocimiento administr