Cuando se habla de la represión franquista, pensamos sobre todo en cárceles y ejecuciones. Pero hubo, además, una represión económica que afectó a muchos y que tuvo graves consecuencias. Una represión que comenzó en forma de pillaje y rapiña, que se “legalizó” en enero de 1937 con las “comisiones de incautación”, y prosiguió después del fi n de las hostilidades, en un tiempo en que Radio Nacional recordaba que “España sigue en pie de guerra”, con la aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas de febrero de 1939. Julián Casanova y Ángela Cenarro nos presentan en este volumen el resultado de una investigación realizada por Estefanía Langarita, Nacho Moreno e Irene Murillo acerca de la represión económica en Aragón, que les permite identificar las víctimas y los actores del proceso, mostrar la colaboración de una parte de la sociedad a través de sus informes y denuncias, y descubrir los rasgos de solidaridad y de resistencia que quiebran la aparente unanimidad de una sociedad sometida al terror. Esta es, sin duda, una importante contribución al conocimiento de la historia social del franquismo.