La aprobación de la Constitución española el 9 de diciembre de 1931 permitió el sufragio femenino. Este hecho obligó a la mayoría de los partidos políticos a crear sus respectivas secciones femeninas. A partir de ahí, se inició un importante discurso político para que pudieran ejercer el voto en los comicios al Parlament de Catalunya que se llevarían a cabo en 1932, pero la realidad fue otra porque las mujeres sufrieron de nuevo el aplazamiento de su derecho político. El motivo de la no concesión fue la falta de tiempo entre la aprobación del Estatuto y la convocatoria de elecciones, y la inexistencia de un censo femenino actualizado, porque el último se había realizado en 1924. Dos explicaciones, que como el lector podrá comprobar, eran poco convincentes.